Firma invitada

Julio Reboredo Pazos

Leo en El Progreso de 22 de octubre de 1936 que «Ayer, a las seis de la tarde fueron pasados por las armas el ex gobernador civil de esta provincia don Ramón García Núñez, el ex director del Hospital de Santa María don Rafael Vega Barrera, el practicante del mismo don Perfecto Abelairas, don José Ramos y don Ángel Pérez López, en virtud de sentencia contra ellos dictada por el Consejo de Guerra celebrado la semana pasada».

Es importante, muy importante poner aquí de manifiesto algo que el lector acaba de ver en la vieja noticia de El Progreso: en el momento decisivo, al lado de Rafael de Vega Barrera estaban –perplejos, aterrados, iguales ya ante la muerte– otros cuatro hombres: Ramón García Núñez, Perfecto Abelairas Castro, José Ramos López y Ángel Pérez López; ellos también fueron «pasados por las armas». Todos de igual modo, todos por igual causa de fondo, todos víctimas de la injusticia y la violencia que estaba institucionalizándose. Pero algo ha hecho que esas cuatro personas hayan ido deviniendo en “los otros”, y que su recuerdo, sus nombres y hasta sus muertes parezcan difuminarse tras un pronombre indefinido, ante la presencia de Rafael de Vega. Todos somos iguales, sí, pero unos más iguales que otros.

Debo reconocer, empero, que el director del Hospital de Santa María presentaba una particularidad que, para los facciosos, iba más allá de su mero valor como persona y de su relevancia por el cargo que ostentaba: se había significado tanto en pro de la República –él fue precisamente quien la proclamó en la ciudad desde el balcón del Ayuntamiento–, que se había convertido en un símbolo, de manera que con solo su cabeza podían sus enemigos constituir en Lugo una campana de Huesca. Además, a su significación política habría que añadir el incuestionable prestigio del que gozaba, y de todos es sabido que la envidia profesional es una peligrosa ponzoña.

No viene al caso recordar ahora su escandaloso proceso judicial, puesto que la doctora Souto Blanco lo analizó con minuciosidad en el número 2 de la revista Unión Libre. En el paraninfo de la Diputación Provincial se oyeron verdades como puños, que no eran ya atenuantes, sino sencillamente exculpatorias –tengo el gusto de haber conocido y tratado a Antonio Grandío Seijas y a Andrés Díez Lage–. También se vieron testimonios descaradamente falsos –Casto González, Carmen Morandeira, José Lomas, Marcelino Fuente Cela–. Y, en fin, otras deposiciones testificales sobre las que la profesora Souto despliega su atinada intuición profesional –la Historia es ciencia especulativa–, para concluir que estuvieron amañadas o fuertemente condicionadas.

Es el caso del joven jornalero de Doade (tierras de Lemos), Juan Armesto Álvarez, de quien, como dice la aludida profesora, “resulta inconcebible que alguien que como él mismo dice en su primera declaración solamente oyó hablar del Sr. Vega, vierta contra él unos juicios de valor tan graves en su segunda declaración”.

Todo ello viene a ser concordante con lo que la mencionada historiadora da por sentado también en la revista Unión Libre, pero esta vez en su número 9: “A revisión da causa militar instruída contra o Dr. Vega e outros, evidencia que a súa sorte se determinou de antemán, desde o primeiro momento dábase por seguro que Vega sería executado”. Dice “evidencia”; bueno, pues ahí va la prueba:

Mucho lamento haber descubierto ahora –veinticinco años después de los artículos mencionados– unos papeles que vienen a corroborar lo que doña Mª Jesús Souto ha tenido que suponer, sin duda con brillante y absoluto acierto, pero las cosas no suceden cuando a uno le interesa. Se trata de la copia de una carta que, con firma autógrafa, está mecanografiada en diez cuartillas, fechada en Lugo el día 10 de agosto de 1936 y dirigida al general Antonio Ferrer de Miguel, que se encontraba en Burgos. El firmante pide al general que haga valer su actuación en Lugo por lo que pueda ocurrir con su carrera, ya que días después iba a incoarse contra él un proceso de depuración por amiguismo; saldría ileso, pero tocado en lo que a su futuro respectaba. Por ello, y sin duda con miedo, describe de manera interesantísima su actuación en Lugo desde el 18 de julio hasta la fecha del escrito, lo que convierte a estas cuartillas en un documento que, según mi entender, merece un comentario amplio que excede lo que aquí pretendo y que en un periódico puede tener cabida. Y lo que pretendo es entresacar de la carta aquello que, como dijo la profesora Souto, hizo de don Rafael de Vega Barrera un condenado antes incluso de ser detenido. Considero además que todo adquiere mayor relevancia cuando leemos la firma del escrito: «Siempre a sus muy gratas ordenes, suyo antiguo subordinado y affmo s.s. // Adolfo Velayos [Valenciaga]» (Pamplona 1876-Lugo 1956), que era el teniente coronel, comandante militar de Lugo desde la azarosa destitución del coronel Alberto Caso Agüero el 24 de julio, y que el día 10 de agosto que encabezaba la carta era cesado en su cargo.

Pues bien, el comandante militar habla de que en la noche del 23 al 24 de julio los falangistas hicieron detenciones sin atestados, viendo que para los detenidos «no existían cargos graves y sí únicamente contra el Gobernador, ordené se tramitase causa contra dicha autoridad habiendo instado al Juez para que hiciese lo posible para encartar en ella al Director del Hospital y al Alcalde que eran contra quienes más se ensañaba la gente diciendo cosas, pero sin concretarlas ni denunciarlas». He aquí el inicio de un proceso inquisitorial contra De Vega y contra el alcalde Francisco Lamas López: «habiendo instado al Juez para que hiciese lo posible para encartar en ella al Director del Hospital y al Alcalde», porque por ahí andaba la gente «diciendo cosas». ¡Cosas!

Así pues, el comandante de la plaza publicó un edicto para fomentar las delaciones, «pero no obstante hablar y comadrear como mujerzuelas, nadie se acercó ni a la Comandancia ni a los Juzgados a decir nada».

La huida precipitada de los obreros que habían venido de algunos pueblos de la provincia para defender a las instituciones republicanas no impidió que algunos cayeran prisioneros, por eso, «aprovechando la presencia en mi despacho de un maquinista de Monforte que venía a pedir clemencia para un hijo suyo de 18 años a quién habían traído engañado y estaba detenido en la Cárcel, le dije, que iba a traerlo a mi presencia y que si me decía todo lo que supiese y hubiese visto le recomendaría al Juez a fin de que tuviese gran benevolencia con él, consiguiendo de esa forma reunir algunos cargos, no muy concretos, contra el Director del Hospital». El joven hijo del maquinista, Juan Armesto Álvarez, sería condenado a muerte y oficialmente ejecutado, pero no lo ejecutaron y apareció, sin más, condenado a cadena perpetua.

Como lo hasta aquí relatado no le pareció suficiente al comandante militar, completó la operación «llamando a mi despacho a las monjitas del Hospital, consiguiendo con todo esto ordenar el procedimiento del Director ya mencionado Don Rafael de Vega Barrera y nombrando Juez al Capitán de Caballería Sr. Pérez Hickmán».

Si desde el primer momento, pues, no hubo justicia, a partir de ahora no habría ni siquiera el mínimo gesto piadoso: «se me dijo se preparaba una evasión en la Cárcel para la fuga del Director del Hospital, tomando yo personalmente las medidas conducentes para evitarlo reforzando la guardia, reforzando la vigilancia, poniendo dos parejas de la Guardia Civil dentro de la prisión y conminando al Director de ella que él me respondía con su vida de la evasión de los presos».            

Apenas habían transcurrido los primeros días de agosto de 1936, pero la decisión sobre el fusilamiento del 21 de octubre siguiente estaba tomada.